El Gobierno anunció el envío del proyecto de Ley de Inteligencia Económica contra el Delito, iniciativa que es parte de la agenda legislativa en materia de seguridad y que apunta a elevar los estándares para perseguir la ruta del dinero ilícito en Chile aplicando inteligencia y métodos sofisticados, más información y trazabilidad de operaciones sospechosas.
En la actividad desarrollada en el Ministerio de Hacienda, participó el Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli, junto a los ministros de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; de Hacienda, Mario Marcel; de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde; de la Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo; y de Justicia y DD.HH., Luis Cordero.
Descripción del proyecto
Esta iniciativa busca hacer la trazabilidad de los movimientos del dinero proveniente del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados al crimen organizado con distintas herramientas fiscalizadoras y de inteligencia, más el levantamiento del secreto bancario bajo reglas especiales, ampliación de rubros obligados a informar y un trabajo interinstitucional robusto, entre otros aspectos.
En primer lugar, se propone la creación de unidades inteligencia dentro del Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), y regular su coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Sistema de Inteligencia del Estado. Estas unidades serán responsables de recopilar y analizar información en las materias de competencia de cada Servicio, con el fin de identificar patrones, relaciones y generar alertas preventivas.
El segundo eje corresponde a la prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas, estableciendo requisitos más estrictos para el desarrollo de algunas actividades económicas. El proyecto incluirá una actualización de los requisitos a quienes ejerzan el control de bancos e instituciones financieras para que ninguna persona acusada o condenada en Chile por delitos en Chile o en el extranjero, pueda ser director, gerente o administrador de estas entidades, ni adquirir o mantener 10% o más de participación societaria en ellas.
Finalmente, el tercer eje corresponde a mayores facultades intrusivas y sancionatorias. Entre ellas se establece un conjunto de medidas que buscan fortalecer la persecución de delitos tributarios y aduaneros; establecer sanciones al transporte de mercaderías ilícitas; y el perfeccionamiento de la sanción de delitos de juegos de azar ilegales, calificándolo a su vez como base del delito de lavado de activos.
