En el marco de una fiscalización realizada el año pasado a distintas instituciones públicas, el Consejo para la Transparencia (CPLT), evaluó con el máximo puntaje -100%- a la Tesorería General de la República (TGR), por la correcta disponibilidad de información publicada en el sitio web institucional, según lo establecido en las normas de transparencia activa de la Ley 20.285.
Mediante un oficio de fecha 23 de enero pasado, el Director General del CPLT, David Ibaceta, notificó que como resultado del proceso de fiscalización que culminó a fines del año pasado, TGR aprobó con éxito el índice de cumplimiento en materia de disponibilidad y actualización de la información, obteniendo el máximo de 100 puntos en la evaluación.
“Este resultado da cuenta de nuestra rigurosa gestión en materia de transparencia, que forma parte fundamental del quehacer de TGR, respaldado precisamente por uno de nuestros valores institucionales”, expresó el Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli. Subrayó que la transparencia y la rendición de cuentas constituyen dos importantes pilares de la relación de TGR con usuarios/as, contribuyentes y la ciudadanía en general.
Francisca Guerrero, Jefa de la Unidad de Transparencia y Lobby de la División Jurídica, destacó que este resultado es fruto “del trabajo conjunto de los equipos de todas las divisiones, departamentos y unidades involucradas en el proceso de publicación de información relevante sobre el quehacer de nuestro Servicio”. Agregó que “sin este esfuerzo no hubiese sido posible lograr un puntaje de excelencia, lo que nos permite destacar como Institución en el cumplimiento de la normativa asociada a transparencia activa”.
Luego puntualiza: “Además, somos un Servicio que actúa de manera proactiva en estas materias, ya que no solo publicamos lo que la ley nos exige, sino que también otra información que consideramos importante para la ciudadanía”.
El Consejo para la Transparencia es un servicio público creado gracias a la Ley 20.285, sobre Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, promulgada en agosto de 2008. Su principal objetivo es velar por el fortalecimiento de la democracia, a través de la rendición de cuentas y el derecho a la información de la ciudadanía.
